La prisión permanente revisable

Esta entrada ha sido elaborada por: Nereida Bueno Guerra.
La foto ha sido obtenida aquí.

Esta entrada es la transcripción que planteo hacer en mi intervención sobre la cuestión de la prisión permanente revisable en la Mesa Redonda prevista para el miércoles 28 de noviembre de 2018 a las 12.30h en la Facultad de ICADE de la Universidad Pontificia Comillas.

 

Pienso firmemente que al igual que el Derecho Penal debe adaptarse a los progresos tecnológicos, e incluir nuevas tipificaciones como los delitos cometidos a través de internet, el Derecho Penal también debe actualizarse según el conocimiento científico disponible en su época, y adaptar ese conocimiento científico al contexto cultural y legal que le corresponda. De hecho, cuando se produce esa falta de ajuste entre el conocimiento científico y las leyes, surgen encontronazos y polémicas. Por ejemplo, actualmente estamos oyendo protestas contra la prescripción de los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque sabemos que un acontecimiento traumático como un abuso o una agresión sexual sufridos en la infancia, puede encapsularlse en la memoria de la víctima y no aparecer a la consciencia hasta más allá de dos décadas. Como este es un conocimiento científico que tenemos, que ha sido estudiado y descrito, una parte de la sociedad solicita que la ley se adapte a él y suprima la prescripción de estos delitos. Pongo otro ejemplo. Cuando nacemos, nuestro cerebro no está plenamente formado. La expansión principal que lleva a cabo es el aumento del prefrontal, una región especializada en la planificación de conductas, en valorar los pros y los contras de una acción. Por eso no condenamos a un niño de 10 años por un delito y nos escandalizan los países que sí lo hacen. Ahora bien, también sabemos que el cerebro de un adolescente no termina de formarse por completo hasta los 21 años, aunque unas capacidades cognitivas básicas se suelen encontrar definidas un poco antes, a partir generalmente de los 16 a 18, aunque esto varía también mucho entre sexos. Por eso, una parte de la sociedad duda de si la capacidad para dar consentimiento, bien en las relaciones sexuales, bien en el matrimonio, puede establecerse a los 14 años, ya que no es del todo seguro que ese cerebro, todavía no maduro hablando desde el punto de vista estrictamente biológico, sea capaz de valorar los pros y los contras de una decisión importante.

Con estos dos ejemplos quiero haceros ver como algo básico, como algo incluso exigible, que el Derecho Penal deba nutrirse de conocimiento científico para establecer una sociedad justa en base a él. Pues bien, dicho esto, me gustaría que ahora conozcamos los hechos científicos que hay detrás de la prisión permanente revisable.

 

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Primer hecho: las características de la prisión permanente revisable no permiten al interno tener una fecha determinada de salida y una persona que carece de seguridad sobre su futuro desarrolla lo que se conoce como indefensión aprendida, que puede derivar en depresión y suicidio.

Este concepto psicológico significa que la persona no siente tener control sobre lo que le pasa. Y una indefensión aprendida mantenida se ha demostrado que puede dar lugar a depresión. ¿Por qué? Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que a cualquiera de nosotros nos dijeran: “Mira, hoy no vas a poder salir de casa. En verdad, no sabemos cuándo vas a poder salir, ya lo iremos viendo. Cada cierto tiempo vendremos a verte y decidiremos si es el mejor momento o no para que salgas”. Nosotros entonces podríamos preguntar: “¿Pero qué vais a ir viendo cada vez que me visitéis? Dadme un listado de eso que esperáis de mí, para que yo pueda prepararme a conciencia y cumplirlo”, pero entonces nos dirían: “Pues no hay un listado claro. Cada persona que venga a verte tendrá en cuenta muchas cosas”. Si esta situación nos mantuviera así durante años, durante una década y un lustro, o durante dos décadas, que son los plazos de revisión que establece la ley, es lógico que no sintiéramos control ninguno sobre nuestras acciones, que sintiéramos indefensión aprendida, y las probabilidades de desarrollar un trastorno del ánimo como la depresión serían muy elevadas. Así que la prisión permanente lo que logra, de facto, es que las personas a las que se condena no tengan esperanza, no tengan ese “horizonte de libertad” que textualmente indica la exposición de motivos de la ley. Su horizonte es incierto.

Además, quien visita las cárceles se da cuenta rápidamente de que los internos tienen sus calendarios grabados a fuego, la que yo llamo matemática penitenciaria. Saben a partir de cuándo pueden pedir permisos; cuándo pueden solicitar un tercer grado. Y este conocimiento sobre los cuándos, esta certidumbre temporal, les permite planificar sus acciones: estudian, se mantienen moderadamente tranquilos desde el punto de vista psicológico, porque hay una fecha marcada en rojo en sus calendarios. Cuando no la hay o está tan lejos que la esperanza de vida de la persona al salir será escasa, la persona lo pasa mal. La Organización Mundial de la Salud ya avisó en un informe de expertos penitenciarios en 2007 de que las condenas de larga duración tenían una tasa mucho más elevada de suicidios que cualquier otra. Por eso en las cárceles existen los denominados Programas de Prevención de Suicidios. Es decir, este tipo de condena, solo por sus características, genera indefensión aprendida que puede llevar con alta probabilidad a depresión y suicidio. Ahora me gustaría preguntar, ¿prescribiríamos un medicamento que conlleva altas tasas de depresión y suicidio? ¿Lo tomaríais? ¿Por qué prescribimos entonces una condena que sabemos probadamente que conlleva altas tasas de depresión y suicidio?

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Vamos con otro hecho científico. Las condenas de larga duración dan lugar a que los internos pasen por un proceso de prisionización, y este proceso es perjudicial para su salud psicológica y su futura reinserción social, dificultando que se cumpla la función de esta condena.

Se conoce como proceso de prisionización a la internalización de un modo de vida diferente al que se encuentra en la calle, y que puede conllevar además una serie de síntomas psicológicos asociados. En un TFG que dirigí el año pasado, mi alumna y yo nos dedicamos a recopilar todos los estudios que habían medido la salud psicológica de los internos con condenas de larga duración en todo el mundo. Luego los contrastamos con la opinión de uno de los psicólgoos penitenciarios que más años lleva ejerciendo en toda España, con 36 años de experiencia a sus espaldas. Voy a enumerar los que aparecían en la literatura y que además confirmaba este psicólogo. Pero aviso de que el listado es largo: baja autoestima, ansiedad, insomnio, somatizaciones, síndrome amotivacional, disfunción sexual, riesgo de psicosis, depresión y despersonalización, a lo que se debe sumar la pérdida evidente de la vinculación familiar. Este listado es perjudicial para la salud psicológica de una persona. Es más, es tan abundante, que me lleva a pensar si las condenas de larga duración per se deberían considerarse un ejemplo de tortura. Si leemos qué se define como tortura en el Protocolo de Estambul publicado por las Naciones Unidas, leo: “Se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.” (página 17 del pdf, página 1 del documento)

El abundante listado de síntomas psicológicos cumple con las dos primeras cursivas: se trata de sufrimiento grave de carácter psicológico y aparecen debido a un castigo por un acto cometido. Lo que no cuadra con la definición es que sean aplicados por un funcionario, porque quien lo aplica es algo tan etéreo como “el sistema penal o penitenciario”. Y tampoco cuadra con la idea de que vienen derivados de una sanción legítima. Pero como hoy venimos a discutir, entre otras cosas, la legitimidad de la prisión permanente revisable, no sería descabellado decir entonces que, lo que se considera como una pena legítima a día de hoy en nuestro país, produce un sufrimiento psicológico grave en la persona tal como para ser compatible con el término tortura. Obviamente, si considero tortura a la prisión permanente revisable, también debería considerar tortura a las condenas objetivamente largas del código penal que no conllevan prisión permanente, como las del homicidio o el asesinato. Sí, bajo este prisma debería considerarlo así. Pero sigo hablando de la prisión permanente revisable, que es el motivo de esta alocución.

Hasta ahora sabemos que es un hecho científicamente demostrado que las condenas de larga duración producen un abundante listado de síntomas psicológicos. También sabemos que, en estas circunstancias, con ausencia de control y con depresión, y con todo un listado de patologías psíquicas, las probabilidades de reinsertar a una persona y de lograr que esté dispuesta al cambio, son bajísimas. Además, la pérdida de contactos con el exterior, tanto potencialmente laborales como emocionales, a nivel de pareja y de familia, darán lugar a una persona egresada de la cárcel que no tendrá círculo social, que no tendrá trabajo y tal vez ni siquiera edad para trabajar, y que además tendrá patologías mentales. ¿Son estas las circunstancias ideales para lograr la reinserción social? ¿Ayuda esta condena a que estas personas salgan adaptadas socialmente? En absoluto. ¿Cómo se puede entonces admitir un tipo de condena cuyo objeto de revisión está abocado al fracaso por las características propias de la condena? La revisión de un elemento cuyo dictamen se sabe con alta probabilidad que será negativo, ¿no es una revisión injusta?

No quisiera que los psicólogos penitenciarios, en este punto, sintieran menospreciado su trabajo, y se pensara que no atienden todos estos síntomas en la cárcel. Vamos a conocer un poco más cómo es el trabajo de un psicólogo en las cárceles españolas.

Por una parte, los psicólogos, por ley, deben llevar a cabo tanto un PIT, Programa Individualizado de Tratamiento, específico para cada individuo, como ciertos programas específicos para el delito cometido. Es por eso que existe por ejemplo el Programa de Control de la Agresión Sexual, el PCAS; el Programa Fuera de la Red, para pedófilos; el Programa de Intervención en Conductas Violencias, el PICOVI, y otros muchos. Sin embargo, estos programas tienen una duración determinada, y se suelen aplicar en momentos concretos de la condena del individuo. Por ejemplo, el PCAS, el programa para agresores y abusadores sexuales, puede llegar a tener una duración de un año, pero se aplica preferentemente cuando la persona está próxima al tercer grado. Antes no. ¿Qué hacemos entonces durante todos los años de condena hasta que esté próximo el tercer grado con este tipo de internos? ¿Qué tratamiento específico de su delito reciben? Ninguno.

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Por otra parte, la ratio de psicólogos que hay en las cárceles españolas es de aproximadamente 1 psicólogo por cada 250 internos, aunque esto puede variar dependiendo de la población del establecimiento penitenciario y rondar 1 por cada 150. El tercer hecho científico es que este número de psicólogos penitenciarios actual es insuficiente para abordar de manera adecuada un tratamiento psicológico especializado para personas que han cometido delitos violentos y graves como los susceptibles de recibir prisión permanente revisable.

Esto es así porque al psicólogo, por ley, se le solicitan revisiones de grado cada 6 meses de todos los internos que tiene asignados. También se le piden informes cuando solicitan permisos, cuando solicitan libertad, a petición del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, clasificaciones de los penados a su ingreso en prisión. Además, debe atender solicitudes particulares de los internos, hacer terapia individual y terapia grupal específica para cada delito. A la postre, la realidad indica que el psicólogo no dispone de tiempo suficiente para dar una atención suficiente a cada interno. Y hay internos que han sido vistos, en total, 6 horas en todo un año. Pensad por un momento en un problema cualquiera que pueda tener una persona en la calle que necesita acudir al psicólogo. Por ejemplo, un problema de ansiedad, o un problema de pareja, o una depresión. ¿Seis horas, es decir, seis días de sesión, serán suficientes para tratarlo adecuadamente y darlo de alta? Imaginad ahora si la persona ha cometido varias violaciones o ha matado a varias personas. ¿Son seis horas suficientes para atenderle? Este hecho no parece tener buena perspectiva, porque la para 2019 se han convocado únicamente 15 plazas para psicólogos para todas las cárceles de España.

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Unidas a estas dificultades, los psicólogos penitenciarios en España se enfrentan a dos más.  Por una parte, la organización de sus sesiones en condenas indeterminadas, y por otra parte, la valoración del riesgo de reincidencia, es decir, esas revisiones del adjetivo revisable que tiene la prisión permanente en nuestro ordenamiento. Sobre la organización de sesiones, ¿cómo se puede programar un tratamiento con una condena indeterminada? ¿Qué tratamiento tiene como horizonte 20 años y qué motivación para el cambio aguanta tantos años? Sobre la predicción del riesgo, el cuarto hecho científico es que no disponemos actualmente de un instrumento que asegure con un 100% de fiabilidad la ausencia de riesgo violento futuro de una persona. Esto no significa que no haya habido intentos. Actualmente hay muchos instrumentos, tales como el HCR-20, el SARA, el RisCanvi, el SAVRY, el SVR-20 o el Static-99, entre otros. Pero un estudio del año 2016 muestra que los índices predictivos de algunos de ellos no se ajustan a la realidad que luego constatan los datos. Es decir, estos instrumentos son orientativos, pero no son matemáticos. Nadie tiene una bola de cristal con la que puede tener una certeza plena del riesgo de reincidencia. Esto no implica que la psicología no sea una ciencia, o sea una ciencia que cabe desmerecer. Sino que la pluralidad de factores que lleva a la comisión de delitos puede ser tal, que no somos humanamente capaces de estar 100% seguros de que alguien que permitamos estar en libertad, no vaya a cometer un delito. Ese sueño por tanto que tienen muchos de que la prisión permanente revisable ayuda en sus revisiones a estar seguros de que quien salga, salga y no reincida, es completamente falso.

Mi pregunta entonces es, ¿disponemos de los medios suficientes para poder efectivamente llevar a cabo la reinserción que promete la cárcel en este tipo de delitos? No tenemos psicólogos suficientes, no tenemos la capacidad de organizar un tratamiento que mantenga la motivación del individuo de aquí a 20 años y no tenemos instrumentos de medida del riesgo con un 100% de capacidad predictiva. Mientras que los medios no sean los adecuados, ¿se pueden sostener este tipo de penas? No creo que nadie quiera acudir a un hospital en el que no están los medios suficientes para curar un cáncer resistente. Antes, exigirá que haya los medios suficientes, y si no los hay, deberá asumir que el tratamiento no funcione como debiera. La solución pasaría, en este sentido, por una inversión muy elevada en mejora de los medios penitenciarios actuales (así como promover otras medidas, como las alternativas a prisión, aunque esto es otro debate).

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Acabo de hablar hace un momento de reincidencia. Un argumento que también sostiene la prisión permanente revisable es que acoge a los delitos que tienen más peligro de reincidencia. Bien, ¿qué nos dice el conocimiento científico sobre la capacidad de reinserción de las personas que cometen los delitos para los que se prevé esta condena? El quinto hecho científico es que los delitos que acoge la prisión permanente revisable no son los que tienen mayores tasas de reincidencia en España.

Por ejemplo, uno de los delitos contemplados es el que se comete bajo el prisma de una organización criminal, es decir, los delitos de terrorismo. Afortunadamente en España parece que el fantasma de ETA ya no nos sobrevuela. Pero tenemos datos objetivos de épocas pasadas para poder analizar si quienes fueron condenados por este delito reincidieron o no. Un profesor de esta casa nos sirve de testimonio para ello. Me refiero a Julián Ríos. Como ya es sabido por muchos, junto con otra compañera, Esther Pascual, ambos encabezaron un proyecto insólito en España, que fue el encuentro entre personas que habían cometido delitos de terrorismo, y víctimas de terrorismo. Y fueron bien. Entre otros aspectos a destacar, lo relevante para el caso que nos ocupa, es que esos condenados pidieron perdón, y no volvieron a cometer el delito. Los condenados por terrorismo, no reincidieron.

Si continuamos con otros delitos susceptibles a prisión permanente revisable, cabe decir que es rotundamente falso, como se dijo en otro foro, que las personas que cometen agresiones sexuales no puedan reinsertarse en la sociedad y dejar de cometer delitos. ¿Qué nos dicen los datos en España? Los datos nos dicen que tras recibir un tratamiento específico dentro de la cárcel, solo reincide el 15%. Que solo reincida el 15% de los condenados por este delito significa que hay un 85% de personas que no vuelve a cometer el delito. Un 85%. ¿Por qué tenemos en cambio una sensación social contraria, de que esto no es así? ¿Por qué la idea general, incluso en los estudiantes de Criminología cuando llegan al aula por primera vez, es que los violadores son reincidentes? Supongo que una explicación es que este dato del 85% no resulta igual de noticiable que el dato del agresor sexual que vuelve a cometer el delito. Es decir, no resulta igual de atractivo abrir un telediario o una primera página de periódico diciendo “Hoy se cumplen 10 años sin que Pepito y Fulanito hayan vuelto a agredir sexualmente a otra persona”, que decir “Hoy Zutano ha vuelto a agredir sexualmente”. El dato noticiable siempre suele encontrarse en ese 15% resistente, que en estudios recientes baja incluso al 3%, no en el 85% o el 97%, y por tanto, no es justo, por no representar a la mayoría de ese colectivo.

¿Cuáles son entonces los delitos con más tasa de reincidencia? Los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, son claros: contra el patrimonio, 32%, y contra la salud pública, 12%. Es decir, informalizando los términos, los robos y las drogas. Por tanto, si el argumento a favor de la prisión permanente revisable es evitar a la sociedad de ese miedo a la potencial reincidencia de los condenados, deberíamos por lógica encarcelar bajo estas mismas directrices a quienes tienen científicamente demostrado una mayor tasa de reincidencia y proponer, siempre bajo esta lógica, que la prisión permanente revisable se aplique a los ladrones y a los camellos y mulas.

Pero esto no parece apropiado, ¿verdad? Hay algo que nos incomoda; nos choca. Lo interesante es preguntarse por qué nos choca. ¿Por qué nos genera cierta resistencia pensar en encarcelar bajo la prisión permanente revisable al ladrón y al camello? Seguramente porque sus delitos no nos parecen tan graves como la violación o el homicidio a menores. Es decir, lo que realmente subyace a la prisión permanente revisable no es la idea de encarcelar a quien tiene una tasa de reincidencia alta, porque entonces asumiríamos el error y cambiaríamos los tipos penales castigables a robo, hurto y contra la salud pública. Si no lo hacemos, es porque estos delitos no nos duelen. Así que lo que motiva la prisión permanente revisable, no es la incapacidad de reincidencia en ciertos delitos, sino el dolor que nos generan otros.

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Y es cierto que hasta ahora no he hablado del dolor de las víctimas. Me he centrado solo en la perspectiva del delincuente, y esto puede doler mucho a quien ya ha sufrido demasiado. El sexto hecho científico es que la pérdida sufrida por las víctimas es irrecuperable, y debería por tanto ser un compromiso social el hecho de reducir el riesgo de que existan nuevas víctimas con nuevas pérdidas irrecuperables.

Es muy difícil abordar cómo afecta la prisión permanente revisable a los condenados sin abordar también cómo afecta a las víctimas o a sus familiares el hecho que padecieron, ya que puede parecer que abordar los hechos científicos que cuestionan la validez de la figura jurídica de la prisión permanente revisable no va en consonancia con respetar el dolor de las víctimas y desear que no haya nuevas. Sin embargo no es así. No se trata por tanto de escoger partido, ni de ir en contra o a favor, ni de apoyar a unos o a otros. Se trata de reflexionar sobre cómo está configurada a día de hoy esa respuesta al dolor y de pensar los retos que faltan por abordar.

Un reto que falta por abordar es la cuestión de por qué una sociedad debe consentir el riesgo de tener siquiera una nueva víctima. Es decir, de permitir que una de esas personas que pertenecen a ese 15% de reincidentes sexuales vuelva a herir a un ciudadano inocente. Mientras que la sociedad puede tal vez permitirse un 32% de robos de cartera (permitirse en el sentido de sentir menos dolor, no de tolerar el crimen), ¿debe permitir la posibilidad de una nueva violación? Si bien ninguna sociedad está exenta de delitos, esta pregunta nos confronta por una parte la posibilidad de que exista una nueva víctima, y por otra parte, el tipo de castigo que se impone a los agresores. Y ese equilibrio es lo que convierte este tema en delicado.

Una de las soluciones pasa por un incremento significativo en inversión destinada a la investigación en tratamientos penitenciarios, que podría conllevar como consecuencia una reducción de ese 15% (y de los demás porcentajes asociados a otros delitos de elevada gravedad). Esta investigación podría enfocarse a detectar qué perfiles diferentes se encuentran dentro de la población que ha cometido un mismo delito (por ejemplo, he aquí una revisión de diferentes perfiles de agresores sexuales), para permitir así al terapeuta individualizar el tratamiento, y aplicar el más eficaz según las características personales. De esta manera estaremos consiguiendo llegar a la raíz de la causa, por ende logrando una reducción del número de nuevos delitos, y en consecuencia disminuyendo el futuro dolor de otra víctima. Tal vez el miedo que hay tras este ideal es que es posible que existan personas que son resistentes a los tratamientos, y que irremediablemente volverán a cometer crímenes.

Una de las posturas escuchadas es que la prisión permanente revisable se aplica únicamente para ese volumen concreto de personas. El problema es que actualmente no se puede detectar a estas personas resistentes, porque hemos visto que los instrumentos existentes no son 100% predictivos. Pero incluso en el caso de que lo fueran, si la prisión permanente revisable se aplicara a ellos, existe una contradicción, y es considerar como revisable y por tanto como potencialmente favorable, un cambio que de base se está argumentando que no va a ocurrir. Por tanto, destinar este tipo de condenas para ese tipo de personas resistentes al tratamiento, supone un proceso acumulativo de revisiones negativas o, en otras palabras, una cadena perpetua encubierta. Además, recordemos que las características per se de este tipo de pena, como se ha explicado más arriba, no favorecen la reinserción del individuo. Por tanto, si la persona es resistente al cambio y el medio en el que se encuentra perjudica ese cambio, ¿para qué está sirviendo la prisión permanente revisable en estos casos?

Es cierto que esa cadena perpetua, a nivel de prevención especial, logra que esas personas concretas no vuelvan a producir una nueva víctima. Sin embargo, el espíritu que subyace a las leyes (artículo 25.2 de la Constitución Española), que es el mismo en el que se inspiran los psicólogos para su trabajo penitenciario (artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria), la reinserción de la persona, no se estaría cumpliendo y se estaría priorizando exclusivamente la retención y custodia del detenido. Y la ley, en esos casos, estaría admitiendo que la pena privativa de libertad no sirve para reinsertar, sino, teleológicamente, para privar de libertad. El dilema por tanto de esta cuestión es si correr el riesgo de contabilizar una nueva víctima dejando en libertad a una persona que potencialmente dañe a otra o si correr el riesgo de haber roto la presunción de inocencia futura encerrando en prisión a una persona que no habría vuelto a delinquir. La cuestión esencial, en definitiva, que hay subyacente al delicado asunto de la prisión permanente revisable, es para qué sirven las penas y qué riesgo estamos más dispuestos a asumir.

Pero abordar el peligro de nuevas victimizaciones desde la cárcel exclusivamente no es la única solución. La inversión en tratamientos que mencionaba antes reduciría las víctimas de manos de quienes ya estuvieron en prisión, pero no reduciría la tasa general de delincuencia primaria. Para ello, otro destino de la inversión pública debería estar enfocado a la prevención. La prevención es desagradecida económicamente hablando, porque se suele ver como un gasto público con consecuencias tan a largo plazo que se diluye su enorme impacto, que no es otro que menor número de víctimas. Y la prevención tiene también el problema de no saber detectar qué es exactamente aquello que provoca un nuevo delito. En este sentido, la investigación criminológica sobre las diferentes motivaciones y causas de un delito, complementando a la investigación sobre los distintos perfiles de quienes ya cometieron un delito, podría ayudar a reducir de forma sustancial el número de víctimas futuras.

En cualquier caso, independientemente de la postura que se tenga al respecto de la prisión permanente revisable, considero que la lucha social por la que deberíamos apostar abarca tres aspectos:

  • la inversión en prevención de nuevos delitos,
  • la mejora de la infraestructura penitenciaria, lo que abarca desde inversión en el estudio de aquellos que ya cometieron un delito hasta el incremento de recursos humanos y abordajes terapéuticos individualizados
  • la escucha y el acompañamiento a las víctimas.

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